29 febrero 2012
120229, MARCO RASCON, Milenio
1. Reconocer que podemos vivir un rato sin ellos (los candidatos)… y no pasa nada.
2. Hay que recordar que están en la veda del IFE, las campañas electorales de los partidos, no las reflexiones de los ciudadanos. En las vedas, la prohibición de unos es la libertad de otros.
3. Hay que aprovechar que no hay spots ni pendones para pensar en lo esencial. Es necesario limpiar ahora la capacidad optativa, pues al acabar la veda nos caerán encima, como lluvia de balas, más de un millón de spots de los candidatos.
4. La veda es una prohibición para cazar; las vedas son una forma de establecer un equilibrio entre el cazador y el cazado. Los candidatos son los cazadores y los ciudadanos las presas, que en la veda tienen libertad para moverse, pensar, reproducir ideas y observar las trampas que preparan los cazadores. Este es un momento ideal para hablar entre presas y crear defensas.
5. En algunos casos, como el de las caguamas, la veda es permanente porque se lucha contra la extinción de la especie. En lo político, una veda constante sería una dictadura, que hasta hoy, sólo los que aspiran al autoritarismo la desean. Los depredadores son parte de la evolución y la política es la forma humanista para superar el instinto y que nos distingue de los animales para gobernarnos.
6. En las vedas sube el precio de las especies protegidas. En la veda electoral sube el valor del voto ciudadano, pues se hace impredecible a los ojos del cazador.
7. Con la veda electoral, el cazador debe ser cazado, mediante la observación y el distanciamiento. Es un tiempo para poder medir al candidato-cazador entre lo que dice y hace, pues sus movimientos se vuelven lentos y cautos. En este caso la inacción pone nervioso a los cazadores, pues ante la falta de contacto con la presa electoral no sabe hacia dónde se moverá. Para los cazadores, las encuestas al terminar la veda serán fundamentales.
8. En la veda, los cazadores planean sus próximas trampas. En lo electoral, todos y todas se consideran “Alfas”; en la veda, todos se dicen ganadores a manera de señuelo, pues consideran que los ciudadanos quieren ser cazados por el que caza más. Es un juego entre ellos por la hegemonía del coto de caza, pero esto no debe orientar a la presa.
9. A los ciudadanos, cuando los cazan, los disecan y exhiben en sus salas a manera de trofeos. Por eso, los cazadores se retratan con la viejita que los besa; se visten de indios y todos reciben un bastón de mando de un grupo indígena a punto de morir por hambre o presumen de plazas llenas. Hay cazadores que, previo a mandar a sus presas al taxidermista, las envenenan con un taco.
10. Antes de la veda, los cazadores se mueven sólo en sus cotos de caza. Las presas indecisas los ponen nerviosos. Durante la veda, salen a enfrentarse un poco en otros territorios, aunque prefieren guardar silencio. Su reto como cazadores es cómo atraer a las presas impredecibles.
11. En el fondo, los cazadores no lo son tanto. Les gusta más tirar al blanco a un rebaño sin arriesgar casi nada. En esa forma de cazar tirando escopetazos, no se necesitan vedas ni reglas, pues las presas están ahí corporativizadas dentro de una cerca, esperando ser cazadas con una promesa.
12. Para las presas, la veda es una oportunidad para escapar y liberarse. Es una ocasión para poner en duda todo y regresar a la regla de que tanto el cazador como el cazado sólo necesitan la veda natural del equilibrio.
13. Durante la veda, es la hora para observar el comportamiento de los medios ante la falta de noticias de la cacería. ¿Qué dicen? ¿Cuáles son las noticias importantes de México y el mundo, cuando los cazadores están velando sus armas y sus trampas?
14. Al levantar la veda, veremos cientos de cazadores y cazadoras en los postes, las paredes, los edificios, disparándonos su repetida imagen, pues ahora cazan con metralla. En la radio y la televisión nos dirán miles de veces lo mismo para convencernos de que son diferentes.
15. La veda es el momento de reflexionar más allá de los colores, las formas, las imágenes, la repetición con cargo al erario para decirnos que somos tontos. Es un momento para pensar hacia dónde vamos con este juego que ni divierte, ni entretiene, ni sirve. Que la veda sirva para reconocer que por este camino que vamos no se soluciona nada.
Que la veda sirva para razonar el voto y su utilidad. Que la veda nos ponga cara a cara a los mexicanos sin dividirnos por falsas opciones y polarizaciones.
Lo mejor sería que los candidatos, cuando regresen de la veda, se dieran cuenta de que los ciudadanos ya no son los mismos.
www.marcorascon.org
120229, SERGIO AGUAYO, Reforma
A la memoria del gran Pablo Latapí.
Se insinúa el ocaso político de Elba Esther Gordillo y se confirma la floración de una sociedad que se organiza y exige.
Elba Esther Gordillo apabulla por su intensidad. Es un huracán de energía canalizada a la acumulación salvaje de poder político y económico. Cuando en 1989 tomó el control del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, informó públicamente su diagnóstico y propósito: “México está cambiando y nosotros tenemos la posibilidad de abanderar y ser protagonistas del cambio”. Años después y en pleno desmantelamiento del presidencialismo centralista (1996) reiteraba que su meta era “ampliar la presencia del sindicato en la vida política y social del país”.
Lo logró y de qué manera. Ningún político se ha beneficiado tanto de la fragilidad de nuestra democracia. Transformó a buena parte del magisterio en una maquinaria política a subastar, a cambio de cargos, en épocas electorales. Con la entrada del PAN a Los Pinos ella y su grupo crecieron y se expandieron. Tiene 23 años haciendo una ostentación cínica y grosera de su poder; ofende porque se construye con los escombros de una educación tan colapsada y raída como la ética panista.
El rechazo se pluralizó y es observable en investigaciones académicas y periodísticas. Hace años Reforma decidió hacer un seguimiento riguroso y constante del tema y Mario Gutiérrez Vega y Sonia del Valle, entre otros, difundieron en el diario las piezas para armar el rompecabezas del agravio. Un ejemplo es la publicación, el 30 de junio de 2011 en Reforma, de una foto de Elba Esther: el costo estimado del atuendo y accesorios que llevaba puestos fue de 112 mil pesos. Sin embargo se trata de una profesora cuyo único ingreso conocido son 23 mil 900 pesos mensuales que recibe por nómina.
Las alianzas políticas con Elba Esther fueron haciéndose cada vez más costosas en cargos e imagen. Un momento simbólico de la unanimidad alcanzada fue el estreno del documental De panzazo que en estos momentos se exhibe en 200 salas cinematográficas de 18 estados (pronto se ampliará a 70 ciudades y habrá exhibiciones gratuitas en plazas públicas). Fue sorprendente la capacidad de convocatoria.
Por la alfombra roja caminaron Enrique Peña Nieto, Josefina Vázquez Mota, Marcelo Ebrard, Miguel Ángel Mancera, entre muchos otros.
La defensa magisterial ha sido rala y elemental. Emilio Zebadúa, uno de los pocos académicos que respaldan a la maestra, acusa al documental -en una revista de poca difusión- de falta de profesionalismo y parcialidad que explica por qué en su opinión el documental es parte de una ofensiva empresarial para “ejercer mayor influencia en la educación pública” y para “acabar con los derechos de los trabajadores de la educación”. Los maestros michoacanos hicieron a un lado su odio a la Maestra para coincidir en calificarlo como pieza de la “campaña contra la educación pública y el magisterio nacional” y de la “ofensiva contra los trabajadores y sus organizaciones sindicales”.
De panzazo tiene partes débiles. Coincido con Pedro Flores Crespo en que pudo “haber sido más cuidadoso con la información que presenta. A lo largo de hora y media que dura el documental se hacen afirmaciones que son desproporcionadas o infundadas”. Dado que Emilio Azcárraga Jean (principal accionista de Grupo Televisa) es integrante del patronato de Mexicanos Primero tiene sentido el llamado de Flores Crespo a Televisa para que tome una posición sobre su “función educativa en la sociedad mexicana”.
Puede criticarse a los mensajeros (Mexicanos Primero, Juan Carlos Rulfo o Carlos Loret de Mola) o la calidad del producto, pero eso no modifica en nada la solidez del mensaje de fondo: la educación es un desastre y buena parte de la responsabilidad corresponde a Elba Esther Gordillo, quien tiene dos décadas prometiendo una calidad que nunca llega.
Sería un error suponer que la Maestra es la responsable de las distorsiones de la democracia. Ella sólo se aprovechó de la fragilidad de las instituciones y de la mezquindad y cortoplacismo de quienes gobiernan. Si su ocaso parece viable es por la floración de instituciones y personas dispuestas a exigir cuentas. La buena noticia es que la democracia participativa está viva.
28 febrero 2012
27 febrero 2012
120227, ROBERTO ZAMARRIPA, Reforma
Hace 37 años, la reina Isabel de Inglaterra visitó México. Su viaje de una semana coincidió con la conmemoración del Día de la Bandera. El entonces presidente Luis Echeverría
Álvarez dispuso de una fastuosa recepción que incluyó la reunión de decenas de miles de estudiantes de escuelas secundarias en el Zócalo capitalino para entonar el Himno Nacional y el Canto a la Bandera escrito por Rafael López y musicalizado por Julián Carrillo.
¡Oh Santa Bandera! de heroicos carmines, suben a la gloria de tus tafetanes, la sangre abnegada de los paladines el verde pomposo de nuestros jardines, la nieve sin mancha de nuestros volcaaaaanes…
Aquello fue imponente y también humillante. Los adolescentes tuvieron meses de ensayos en sus respectivas escuelas con la advertencia de que no podían cometer ningún error ante la reina. El 24 de febrero de 1975 fueron congregados al amanecer vestidos de blanco y ay de aquel que tuviera una mancha en su uniforme. No se fuera a dar cuenta la reina del descuido, con eso de que son delicados en la realeza británica.
La reina escuchó y se fue. Ni los uniformes vio. Echeverría presumió el enorme coro juvenil en la búsqueda de las legitimaciones internacionales como parte de su delirio de aspirar al liderazgo mundial en la ONU. Los niños salieron de su casa en la madrugada y esperaron cinco horas para cantar. Muchos se desmayaron. La reina no lo supo. Echeverría menos. Pero se oyó bonito.
Cantarle a la Bandera es una tradición que raya en el abuso. Los niños son obligados a memorizar los cantos sin explicaciones de por medio y sólo para cumplir con el trámite de la fecha.
En plácidas brisas, tu símbolo hoy muestra progreso, trabajo, civilización y al ver que la Patria te encumbra en su diestra con el alma toda como a madre nuestra, nosotros te alzamos sobre el corazoooooón.
Sin duda que hay que infundir patriotismo, explicar la historia, entender los símbolos, promover su defensa, estimular su admiración pero no a costa de lastimar la dignidad infantil.
El pasado 24 de febrero, 31 estudiantes de diversas escuelas del Estado de México se desmayaron en la ceremonia oficial del Día de la Bandera, realizada en la 22 Zona Militar enclavada en Santa María Rayón el sur del Estado de México. La ceremonia fue encabezada por el secretario de Gobierno Ernesto Nemer en compañía del general de Brigada Diplomado de Estado Mayor Jesús Alfredo Alvarado, comandante de la 22 Zona Militar.
Conforme testimonios de padres y de niños, para llegar a la ceremonia tuvieron que levantarse a las cuatro de la mañana, salir de su casa a las cinco, muchos en ayunas, y estar a las seis -so pena de ser castigados si no llegaban puntuales- para una ceremonia que inició a las ¡diez de la mañana! y apenas duró media hora.
Los muchachos permanecieron dos horas bajo el sol de la mañana. Conforme la nota del suplemento ESTADO de Reforma, los funcionarios arribaron a la sede media hora antes del evento y estuvieron bajo una carpa debidamente protegidos de los rayos del sol. (Reforma, 25/02/12)
Un video tomado de la transmisión oficial de la Presidencia de la República tiene desde hace un año decenas de miles de vistas en You Tube. Se trata del anuncio del presidente Felipe Calderón de un decreto que reduce colegiaturas en las escuelas básicas hecho el 15 de febrero de 2011. Para hacer su anuncio el Presidente se hizo rodear de niños de primaria con sus uniformes escolares. Justamente el infante que estaba parado atrás del Presidente bosteza, parpadea, trastabillea y desaparece de la imagen porque se desvanece en pleno discurso presidencial.
Qué culpa tenía ese niño de los caprichos presidenciales. Qué culpa tenían los miles de niños de los caprichos de Echeverría que obligó a levantarlos de madrugada para interpretar dos canciones en el Zócalo con tal de apantallar a la reina. Qué culpa tenían los niños mexiquenses del capricho de Nemer o Eruviel.
Los niños son usados como ornato, objeto, muñecos de los desplantes de burócratas.
Pueden cantar con orgullo las estrofas de cantos patrios: Si tornan las luchas de ayer a tu planta sobre nuestros ojos de sombra cubiertos, tus almos colores entonces levanta como buena madre fiel bandera santa envuelve la frente de tus hijos mueeeeeertos.
Pero hacerlo con libertad y con conocimiento.
La SEP debe prohibir los usos de los niños como escenografías de las ceremonias de los adultos. Los funcionarios públicos deben abstenerse de usar a niños para sus eventos y discursos. No son los educandos marionetas de los burócratas. Menos escenografía de mítines partidistas. Merecen respeto.
Para querer a la bandera no hay que desmañanarse y cantar en ayunas a los funcionarios que aplauden como focas las canciones infantiles. Los valores patrios tienen que ver, sobre todo, con el respeto, la dignidad, la equidad y el amor. No con patear a los niños.
tolvanera06@yahoo.com.mx
26 febrero 2012
120226, JORGE VOLPI, Reforma
La madrugada del 13 de marzo de 1964, Kitty concluyó su turno en el bar como de costumbre, tomó su automóvil y lo estacionó a unos metros del conjunto donde vivía, en Kew Gardens. En cuanto inició el camino a casa, distinguió una sombra a sus espaldas. Atemorizada, Kitty corrió hacia la calle Austin, seguida de cerca por un hombre. Antes de que pudiera refugiarse en un edificio, el intruso le asestó dos cuchilladas por la espalda. “¡Auxilio!”, gritó la joven. De entre las decenas de departamentos de la zona, sólo uno de los vecinos abrió la ventana y exclamó: “Dejen en paz a esa chica”. Al constatar que las luces se apagaban, el maleante buscó a Kitty, quien se había arrastrado hasta un porche. Al descubrirla, el sujeto, identificado luego como Winston Moseley, volvió a acuchillarla; luego la violó y la abandonó a su suerte.
De acuerdo con el New York Times, el asalto se prolongó por más de media hora, hasta que por fin alguien llamó a la policía. Kitty Genovese murió a las 4:15 de la mañana. Al menos 38 personas observaron el incidente sin que ninguna se decidiese a llamar a la policía; de haberlo hecho al inicio del ataque, una patrulla habría tardado menos de 10 minutos en llegar.
Aunque estudios posteriores han puesto en duda la precisión de este relato, en su momento desató una profunda indignación pública y dio lugar a que dos investigadores, John Darley y Bibb Latané, condujesen un célebre experimento psicológico, el cual dio como resultado el llamado “síndrome de responsabilidad difusa” y el “efecto espectador”. Sus paradójicas conclusiones indican que, entre más personas observan una emergencia, el tiempo que una de ellas tarda en intervenir se vuelve más largo. En otras palabras: la tendencia imitativa inscrita en nuestros genes nos frena a la hora de tomar una decisión distinta a la de quienes nos rodean.
¿Por qué recordar hoy a Kitty Genovese? Porque es como si todo México sufriera en estos años del “efecto espectador”. Las víctimas comparecen frente a nosotros todos los días, a todas horas, en la televisión y en la radio, en la prensa y en las redes sociales. Ubicuas, inobjetables. Sin embargo, debido a que nuestras neuronas espejo no se involucran emocionalmente con abstracciones, nos hemos acostumbrado a convivir con ellas, como si los muertos fuesen una compañía natural cada mañana y cada noche, semejantes a las predicciones de los meteorólogos o al Himno Nacional que cierra las transmisiones.
“Hoy ha habido 12 ejecuciones”, “72 cadáveres han aparecido en una fosa” o “El número de muertes violentas ha llegado a 50,000″, escuchamos sin descanso. A continuación aparecen los expertos -o, peor aún, los voceros oficiales- para indicarnos que no, que los muertos no son 50,000, sino 47,500, o 48,221, o 62,124. A los cuales habría que sumar los 18,000 desaparecidos, según el recuento de diversas ONG. Cifras y más cifras que pasamos por alto, indiferentes a lo que significan. Ése es nuestro escudo: habiendo tantas personas involucradas, no seré yo el primero en actuar.
Pareciera como si los 112,336,538 de mexicanos estuviésemos confinados en ese conjunto de apartamentos en Queens y, frente al asesinato de 47,512 o 50,603 Kitties, ninguno de nosotros se decidiese a actuar. Algunos dirán que las situaciones no son equivalentes, que un país no es un edificio o, de manera aún más miserable, que la mayor parte de los 48,270 o 53,400 muertos -¿pero quién puede saberlo, si las cifras ni siquiera son confiables?- pertenecen a los malvados y por tanto sus muertes no deberían importarnos tanto.
Cada vez que un atildado funcionario comparece en televisión, asegurando que toda la culpa es de cárteles que se ajustician entre sí, se me revuelve el estómago. Es como si un médico dijese a los familiares de un paciente con cáncer: no se preocupe, sólo se multiplican las células malignas. Un buen gobernante no se desgarra las vestiduras frente a la horrible situación presente -los 30,000 o 40,000 narcos que en teoría se matan entre sí-, sino que se pregunta: “¿Por qué lo hacen?”. Y, en vez de lavarse las manos, intenta prevenir la enfermedad. ¿Cómo? De la única forma posible: con profilaxis social. Con educación de buen nivel. Con cultura. Con oportunidades de trabajo.
Si admiramos a los héroes y execramos a los villanos, es porque nos resulta terriblemente difícil separarnos de los demás: para bien o para mal, la evolución nos diseñó para copiarnos unos a otros. Pero si no queremos contemplarnos con vergüenza, como los 38 testigos que no auxiliaron a Kitty porque pensaron que alguien más haría la llamada, tenemos que exigir, sin tregua ni respiro, que las autoridades desmenucen esos números. Sólo el candidato que sea capaz de prometer un listado preciso y exhaustivo de esos 48,234 o 65,967 muertos debería tener nuestro voto. Porque sólo si transformamos las cifras en vidas y destinos concretos, nuestros torpes cerebros serán capaces de comprender un poco la tragedia que nos circunda.
Twitter: @jvolpi
120226, DENISE DRESSER, El Diario de Yucatán
AMLO amoroso, amable, afectuoso. Intentando colocar una cara nueva sobre una imagen cansada y confrontacional.
Sabiendo que tiene demasiados enemigos como para crear más. Entendiendo -quizás- la necesidad de deslizarse hacia el centro del espectro político y liderar una izquierda moderna y propositiva desde allí. Comprendiendo -quizás- que precisamente eso llevó al poder a Tony Blair y a Ricardo Lagos y a Felipe González y a Michele Bachelet.
La transformación del agravio histórico en propuesta práctica. La reinvención del resentimiento en planteamiento. El combate a la desigualdad junto con medidas para asegurar la movilidad. López Obrador nunca ha pensado de esta manera pero ahora intenta hacerlo para desmantelar la desconfianza que creó.
Porque las preguntas que persiguen a López Obrador tienen razón de ser. Las dudas que lo rodean son legítimas.
Durante los últimos seis años, el Peje muestra múltiples facetas, múltiples caras, múltiples maneras de ser y de pelear. A veces cae en la provocación, a veces promueve la reconciliación; a veces empuña el machete, a veces extiende la mano; a veces ha hablado de la refundación total de la política y a veces ha hablado tan sólo de reformarla. Y de allí las dudas que despierta. De allí los temores que suscita. Porque las posturas de AMLO han sido fogosas, combativas, provocadoras.
Porque por táctica o por convencimiento, AMLO ha usado sus palabras como un sable. Las ha pronunciado para despreciar la ley, para “mandar al diablo a las instituciones”, para condenar a la Suprema Corte, para enjuiciar a la clase empresarial, para hablar de la mafia que manda en México, para convocar a un plantón sobre Paseo de la Reforma. En 2006 AMLO fue un redentor que ofreció aliviar la pobreza, pero no explicó cómo lograría crear riqueza. Fue el líder social que no supo cómo ser político profesional.
Ahora vemos emerger a un López Obrador que trata de distanciarse de René Bejarano y dice que lleva siete años sin verlo o hablar con él.
Que se refiere al fraude de la última elección presidencial, pero ya no lo vuelve el eje central de su discurso. Que está invitando a a empresarios a formar parte de su equipo en vez de denostarlos a cada paso. Que habla de la colaboración entre del sector público, el sector privado y el sector social. Que -sorprendentemente- acepta la posibilidad de la inversión privada en telecomunicaciones. Que tal vez comprende que el proyecto de nación que ofreció en 2006 era demasiado estrecho, demasiado monocromático, demasiado centrado en qué hacer con los pobres y sin propuestas claras para las clases medias.
Ahora vemos surgir a un AMLO que quiere amar y ser amado.
El problema con esta postura es que difícilmente será suficiente para remontar la desconfianza que generó con su comportamiento post-electoral, sobre todo entre los electores independientes. Entre los electores indecisos. Entre los electores moderados que quieren un cambio pero no están convencidos de que el AMLO amoroso de hoy tan sólo enmascara al AMLO radical de ayer. Erich Fromm alguna vez escribió que “el amor es la respuesta al problema de la existencia humana”. Pero en el caso del Peje no queda claro que sea una bandera tan ancha como para arropar al electorado que necesita para ganar.
Porque la República del amor, con los códigos morales y las obligaciones éticas que AMLO ofrece satisface el anhelo que muchos mexicanos tienen por un gobierno mejor. Un gobierno menos corrupto y más decente. Un gobierno menos rapaz y más honesto. Pero el amor de AMLO no es capaz de tapar los grandes hoyos que caracterizan su propuesta de gobierno.
Los besos y abrazos de AMLO no alcanzan a llenar los huecos de su oferta económica o de combate al crimen. López Obrador hace el diagnóstico correcto de los males que aquejan a México, pero no logra proponer las soluciones adecuadas. Porque para hacer crecer a la economía no basta con combatir la corrupción, prometer la austeridad republicana, confrontar los privilegios. Porque para resolver el problema del crimen no basta con decir que el Ejército estará fuera de las calles y los jóvenes dentro de las escuelas. Porque para encarar el problema de Pemex no basta con construir cinco refinerías. Porque para lidiar con los intereses atrincherados AMLO tendría que reconocer que existen también en los sindicatos que él defiende.
¿Qué hará López Obrador con las tribus rapaces del PRD que proliferan en el Distrito Federal? ¿Con el monopolio de Carlos Slim a quien defiende? ¿Con el sindicato petrolero? ¿Con Televisa y TV Azteca? ¿Con “La Familia” y “El Chapo” y los “Zetas”? López Obrador aún no logra responder estas preguntas de manera clara y cabal, de frente y convincente.
No logra todavía construir una izquierda capaz de remontar la imagen de intransigencia que fortalece al priismo en vez de frenar su avance. Una izquierda que sea acicate del cambio progresista y no pretexto para la restauración conservadora. Una izquierda con ideas viables y no sólo posiciones morales. Una izquierda que sepa hablarle a las clases medias en lugar de alienarlas. Una izquierda que sepa ser opción viable de gobierno, porque el país la necesita. John Lennon cantaba “Todo lo que necesitas es amor”. En el caso de Andrés Manuel López Obrador resulta ser que no es así.- México, D.F.
120226, ARNALDO CORDOVA, La Jornada
La Iglesia católica o, por mejor decir, su jerarquía, ha actuado en la política nacional desde tiempos inmemoriales. De su parte, no ha habido gobierno, también desde antaño, que no haya tenido estrechas relaciones con ella, relaciones que, por lo general, eran de entendimiento y muy raras veces de confrontación. Pero los obispos siempre han albergado un apetito feroz por inmiscuirse en las lides electorales, de las que nunca les ha faltado la comprensión de que son decisivas para la conformación de los gobiernos y de la representación popular, incluso en los tiempos del PRI gobernante.
En cuestiones electorales, empero, la Iglesia fue hasta hace poco muy discreta en su actuar, tratando de mantener una imagen que, aunque no negara su interés tan vivo, la mantuviera al margen de cualquier represalia. Las cosas cambiaron decisivamente después de las reformas salinistas de principios de los noventa. Los obispos tendieron a inmiscuirse, cada vez más, en los asuntos electorales, tratando de dar orientaciones a sus fieles sobre cómo votar y hasta vetando a ciertos candidatos, como lo pudimos ver con toda claridad en los procesos de 2006. Onésimo Cepeda estuvo, incluso, a punto de ser sancionado por sus agresiones verbales.
Por ello no puede sorprendernos el contenido de las orientaciones pastorales que el cardenal Rivera Carrera y sus ocho obispos auxiliares hicieron público el pasado 15 de febrero, que está fechado tres días antes. Se trata de un acto de intervención abierta de la jerarquía en el proceso electoral que apenas comienza.
Para empezar, en él se fija el deber de los pastores del pueblo de Dios de “orientar a los fieles en aquellos planteamientos políticos que, por sus implicaciones religiosas, morales y sociales, contradicen las enseñanzas de la Iglesia católica”. También, el deber de los fieles cristianos “de participar en todo aquello que hace posible la construcción del bien común en la sociedad”.
Qué será el “bien común”, los prelados no lo definen, pero saben de qué hablan: poner a la persona y su dignidad “por encima de los intereses partidarios o particulares de los partidos [sic] y sus ideologías” (primera de nueve propuestas), así como “una verdadera libertad religiosa… de los creyentes para expresar libremente su fe y, sólo en segundo lugar, a [sic] las instituciones que los agrupan”. Primero la fe y luego la adhesión a las instituciones. Un concepto, como se ve, muy diferente de aquel orden social que Santo Tomás de Aquino veía como parte del orden universal que Dios había instituido en las cosas.
Los jerarcas católicos llaman a sus fieles a promover activamente el fortalecimiento de la familia cristiana. La familia no cristiana no les interesa en absoluto, tal vez porque constituye una comunidad muy minoritaria. La base infaltable e inmodificable es la definición del matrimonio como la unión que forman un hombre y una mujer. Si a algunos les da la gana de constituirse en matrimonio con parejas del mismo sexo, evidentemente, cometerán un grave pecado que ellos quisieran que fuera definido como delito, es decir, como un acto penado por la ley.
Como parte de los derechos naturales que rodean la institución de la familia se encuentra, desde luego, el derecho exclusivo de educar y orientar a sus hijos y dependientes como “la sociedad humana y cristiana” que son. También aquí de los que no tienen la fortuna de ser parte de una sociedad así, sino que conforman otros credos religiosos y sociales, no se dice ni media palabra y hay que dar por hecho que son como aquellos extranjeros que practican extrañas costumbres y son, acaso, unos idólatras. ¿Para qué pensar en ellos?
A muchos ha sorprendido siempre (y es probable que entre ellos abunden los católicos) cómo es que los curas de este credo, por un lado, sienten la necesidad de pastorear a sus feligreses porque los ven todo el tiempo al borde del pecado y, de verdad, no confían en ellos para guiarse a sí mismos, mientras que, por otro lado, piensan que la familia es la única institución capaz de educar a sus hijos, no obstante la ignorancia y la barbarie generalizada en la que viven todas las de su especie, en un país en el que ni el Estado y ni siquiera la Iglesia han hecho nada por elevar sus niveles de cultura y de civilidad.
Los prelados llaman a promover varios tópicos que tienen que ver, indudablemente, con el bienestar de todos y con la paz social, y se hace alusión en los puntos 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, al combate a la injusticia social, la lucha contra la corrupción, la promoción del desarrollo económico, el combate al crimen organizado, el cuidado y la protección de las personas más vulnerables (ancianos, indígenas, niños y discapacitados) y la preservación de “los recursos naturales de la nación”, respectivamente. El problema es que no dicen nada de cómo los fieles van a luchar por esos objetivos ni en qué consiste su problemática.
Aparte de ello, aprovechan el viaje para lanzar algún petardo, por ejemplo, cuando en el punto 5, a propósito de la corrupción, postulan que hay que partir de “un historial limpio de los candidatos”, como si ellos fueran la autoridad que debe juzgar del asunto, o cuando en el 6 acusan a los “intereses partidistas” de aplazar “una serie de reformas constitucionales… que frenan injusta e irresponsablemente el desarrollo de las futuras generaciones”. Deberían decirnos qué saben al respecto, pero está claro que no hacen más que repetir lo que Calderón, su presidente, dice todos los días.
Ahora sabemos (punto 9) que “los recursos naturales de la nación” (la expresión es de ellos) nos han sido dados y confiados por Dios. Hasta hoy yo pensaba que la nación, al instituir las relaciones de propiedad en el artículo 27 constitucional y reservar para su dominio exclusivo los bienes naturales que en él se mencionan (tierras y aguas, el subsuelo y sus recursos, los zócalos submarinos, el espacio radioeléctrico y los mares territoriales) no le había pedido permiso a Dios ni creo que supiera que Él los había creado para ella. Es de celebrarse, empero, que los prelados hagan suya la doctrina del 27.
Finalmente, en torno al asunto del aborto, los jerarcas nos dicen lo de siempre: “En lo concerniente a los valores emanados del Evangelio, los católicos deben estar atentos al compromiso de los candidatos y sus partidos de respetar el primero de todos los derechos, que es el derecho a la vida, desde el momento de la concepción hasta su fin natural”. Cabe preguntar qué pasaría si un candidato o un partido se atreve a decir que no está de acuerdo con semejante punto de vista. Desde luego, me imagino, los fieles les negarían su voto. Pero, ¿es que los prelados no saben o no se han enterado de que la ley les prohíbe hacer semejantes pronunciamientos?
Resulta claro que ellos están probando su suerte, esperando que ninguna autoridad electoral o administrativa les llame al orden o los sancione. Ya veremos si dichas autoridades tienen la voluntad de hacerlo. Los jerarcas seguirán en lo suyo, que es ignorar la ley y negarse a observarla.
25 febrero 2012
120225, RENE DELGADO, Reforma
Agotada la precampaña, el proselitismo entró en receso y no faltan quienes se tiran los cabellos porque esa pausa, dicen, rompe el ritmo del concurso electoral, atenta contra la libertad de expresión de los presidenciables y enfría el debate.
Esos críticos desprecian el silencio como si el bla-bla-bla de los aspirantes fuera música política y sus monólogos por turno, una ópera de ideas y compromisos. Interesada o no, esa crítica -a más de reivindicar la videocracia y la mercadotecnia como pilares de la competencia- calla algunos frutos de la reforma electoral que vitupera.
Limitada la actuación de los aspirantes presidenciales, ha llevado a otros actores -formales o no-, tanto o más importantes que los protagonistas estelares, a entrar en escena. Quitarle luz a los presidenciables ilumina mejor el cuadro electoral completo.
Asegurar, entonces, que la pausa vulnera el “natural” desarrollo de la contienda electoral no es, dicho con elegancia, del todo correcto. Menos si se reconoce que esa afirmación, niega la importancia de las pausas en la música y la política.
Vamos por partes. El sentido de la pausa electoral que deberá prolongarse hasta el 30 de marzo es abrir tres espacios. Uno, al proceso interno de selección de candidatos de los partidos al Poder Legislativo; dos, al planteamiento y resolución de las impugnaciones derivadas de ese proceso; y, tres, al registro de quienes finalmente sean postulados.
Ese paréntesis tiene, por lo pronto, un efecto colateral interesante: echó luz a los jaloneos al interior de los partidos en la lucha por las curules y los escaños, al peso del liderazgo del correspondiente aspirante presidencial dentro de su partido, así como al concepto que los partidos tienen de la ciudadanía en relación con su representación. El espectáculo ha sido impresionante, es el reparto del probable fuero como certificado de impunidad, consuelo, reconocimiento, paracaídas o como pago por el préstamo de apoyo, prestigio o popularidad. Asimismo, la participación de los aspirantes presidenciales en el palomeo de los “afortunados” ha expuesto el precio a pagar por las alianzas.
La pausa, entonces, ha puesto sobre la mesa algo sabido, pero que se olvida o niega: la Presidencia de la República ya no es lo que era, y concentrar la iluminación sólo en quienes aspiran a esa posición oscurecía la probable composición del Poder Legislativo que, quiérase o no, pesa más cada día.
Poder ver y atender esa otra parte del concurso electoral es importante.
Marcar un silencio entre la precampaña y la campaña supone, desde luego, limitar la actuación de los presidenciales pero, a la vez, ampliar la de otros pivotes y resortes de la contienda electoral.
La necesidad de los partidos de ocupar espacio en la escena, sin que sus abanderados puedan hacerlo, ha dado lugar a otro fenómeno interesante: ha animado la imaginación de algunos aspirantes, ha hecho resbalar a quienes pensaban que bastaba colocarse en una vitrina para hacer suyo el futuro o, bien, ha dejado con la boca abierta a quienes carecen de imaginación y de pantalla.
Esa circunstancia ha obligado a los dirigentes partidistas y a los jefes de campaña a operar más activamente o, al menos, de manera pública. Ya no son la materia gris oculta, el apéndice sin uso o la figura decorativa en los templetes, hoy dejan ver su arte y también su desastre como políticos.
Otro efecto imaginativo e interesante es la presentación de quienes eventualmente integrarían el gabinete de gobierno. Activarlo desde ahora dada la imposibilidad de que el jefe mueva la batuta nutre, no empobrece el concurso.
Asimismo, la pausa ha exhibido la intervención de actores formales e informales en la contienda. Es un desfile sin par. El presidente Felipe Calderón y las televisoras ya enseñaron el cobre, pero hay algo todavía más interesante: la pausa ha sumado a actores que antes aparecían como extras. De un lado, ciudadanos destacados en ésta o aquella otra actividad comprometiéndose con algún precandidato y, del otro, auditorios que, antes, eran simples espectadores. Eso es bueno.
El silencio ha dejado oír y ver a otros protagonistas, recolocando al aspirante presidencial como una pieza importante pero no única en el juego.
¿Es la panacea la vituperada reforma electoral? No, no lo es. Tiene errores, pero también aciertos. Lastima, por cierto, la falta de consolidación de los consejeros y magistrados electorales y su errática conducta. Pero criticarla sólo porque limita la actuación y la expresión de quienes siempre han tenido el escenario y el micrófono, así como porque derrumba el mercado de la videocracia, es un despropósito que complica, aún más, un proceso electoral ya de por sí complejo.
sobreaviso@latinmail.com
24 febrero 2012
120224, EPIGMENIO IBARRA, Milenio
Con la historia sucede, parafraseando a Marx, que lo que una vez se produjo en tono de tragedia, cuando se repite se convierte en farsa. Hoy estamos ante una situación contraria: farsa hizo Vicente Fox de su intromisión ilegal en el proceso electoral de 2006. Tragedia será, para el país y su futuro, si Felipe Calderón sigue esos mismos pasos.
Que Vicente Fox y sus aliados en la cúpula empresarial, mediática y eclesiástica metieran las manos en la elección presidencial para sentar, “haiga sido como haiga sido”, a Felipe Calderón en la silla nos ha costado muy caro a los mexicanos.
Utilizó Fox como coartada su pretendida y proverbial estupidez política. Campechano, ingenuo como era, más bien como se vendía, se le hizo fácil presentar sus múltiples violaciones de la ley como inocentes gazapos.
Inconcebible resulta que el IFE de entonces se comprara la versión presidencial y le dejara actuar impunemente.
Vergonzoso y trágico para la democracia que, como si nada hubiera pasado, como si no se hubiera violado la ley, se celebrara el proceso electoral, se legitimara la elección y peor todavía que Vicente Fox se fuera a su casa con apenas un raspón del TEPJF.
No tuvieron los magistrados los tamaños para honrar su cargo, la institución a la que servían, el mandato constitucional que supuestamente deberían obedecer.
No revisaron a fondo ni anularon una elección tan cuestionada y en la que, de manera flagrante y evidente, intervinieron el titular del Poder Ejecutivo federal y los poderes fácticos.
Con discordia, sangre y pobreza hemos pagado los mexicanos la “ocurrencia” del guanajuatense. Con descrédito y desconfianza generalizada; con una bancarrota moral pagaron el IFE y el TEPJF su triste manejo de entonces.
Hoy las autoridades electorales en el país son vistas, por la inmensa mayoría de los mexicanos, con justificada sospecha. Si flaquean ante la intromisión anunciada de Felipe Calderón su colapso será total.
Más les vale entonces actuar con la honradez, dignidad y valentía de la que sus antecesores carecieron en 2006.
Hoy, como nunca, es deber de consejeros y magistrados salvaguardar la elección. Atar las manos, tapar la boca a Calderón e impedir que, otra vez, ahora desde el poder, manipule el proceso e imponga a su sucesor.
La situación de guerra que vive el país vuelve especialmente peligroso el momento histórico. La paz social de la nación esta en riesgo. Hay demasiados fusiles, botas y uniformes en la calle. Puede ser esta la última oportunidad para la democracia mexicana.
En estas condiciones no es inocuo que quien está sentado en la silla haga pronunciamientos públicos sobre el estado que guarda la campaña electoral. Menos todavía que lo haga en tiempos en que, por ley, el IFE ha decretado de veda electoral.
No hay inocencia alguna en la afirmación de Felipe Calderón de que las encuestas marcan un empate entre Enrique Peña Nieto y Josefina Vázquez Mota. Sabe del poder que los medios, que multiplican la onda expansiva de todo lo que hace y dice quien está sentado en la silla, darán a sus palabras.
Por los pasos de Fox, pero en tiempos mas revueltos todavía, comienza pues a caminar Felipe Calderón. Ha comenzado ya su tarea de zapa. Lo poco que queda en pie de la incipiente y frágil democracia mexicana puede ser demolida, merced a su intervención, con gran facilidad.
El exorbitante y escandaloso gasto en publicidad oficial —sólo en 2010, 6 mil 400 millones de pesos— tiene la finalidad expresa de cargar los dados y favorecer a sus intereses.
Nunca en la historia de nuestro país habíamos estado los ciudadanos sometidos a tan inclemente bombardeo propagandístico. La megalomanía del inquilino de Los Pinos se vale de un enorme y omnipresente espejo mediático que nuestros impuestos pagan.
En esa misma dirección juega la guerra. Nada mejor para quien se siente investido de una misión divina que disfrazarse de general y conducir una cruzada.
Nada más peligroso para la democracia que el Ejército en las calles y la obsecuencia del alto mando que, además de embarcarse en una aventura de antemano condenada al fracaso, es capaz de tolerar y servir incluso de comparsa en espectáculos lamentables como el del caudillo montando un caballo blanco.
La violencia y el miedo empujaran la mano del votante y Calderón lo sabe. Traición será votar contra quien supuestamente nos “salva” del narco.
Traición será decir que esa “salvación” es mentira y que en estos cuatro años de guerra ni los cárteles se han debilitado, ni la droga ha dejado de cruzar la frontera, ni los dólares y las armas han dejado de llegar.
Por otro lado, la politización de la procuración de justicia; un avance en la dirección marcada por Fox que hizo de la PGR su oficina de intereses, es ya una de las más letales armas electorales.
Propaganda, miedo, violencia, guerra y justicia sesgada son componentes de la guerra sucia que desde el poder han desatado Felipe Calderón y los suyos.
¿Quién detendrá esta intentona de golpe desde el poder a lo que queda de nuestra democracia? ¿Quién impedirá a Calderón seguir por los pasos de Vicente Fox? ¿Cómo haremos los mexicanos, divididos como estamos, para impedir que, otra vez, nuestra voluntad sea burlada?
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23 febrero 2012
120223, OCTAVIO RODRIGUEZ ARAUJO, La Jornada
Desde principios de diciembre del año pasado se ha especulado que tal vez Calderón podría pensar que el país no está en condiciones para llevar a cabo elecciones para el cambio de poderes federales y que, así las cosas, mejor sería posponerlas hasta que se logre, si acaso, terminar con el crimen organizado que se ha apropiado de las instituciones del Estado y es una amenaza a la democracia. Para mí, son conjeturas con una cierta dosis de paranoia, pero… Veamos algunas declaraciones quizá emblemáticas.
En el debate televisivo de los candidatos presidenciales del 6 de junio de 2006, Felipe Calderón dijo que en las elecciones del 2 de julio “vamos a decidir el futuro de México para los próximos 25 años”. Como se corría el riesgo de que no ganara él sino López Obrador, a pesar de todo lo que Fox había hecho por marginarlo, entonces acomodaron las cifras de tal modo que, en efecto, Calderón y sus paniaguados pudieran decidir el futuro del país, por lo pronto por seis años. Todo el aparato del Estado se coludió para que no se recontaran los votos ni se pusieran en riesgo los resultados oficiales de esos comicios. El desenlace ya lo conocemos.
Lo que no sabíamos entonces, pero ahora sí, es que Calderón se apoyaría en las fuerzas armadas para gobernar e incluso para mostrar la nariz en lugares públicos fuera de su fortaleza denominada Los Pinos. Inventó una guerra, después “lucha”, contra el crimen organizado como fórmula para “legitimar” su gobierno, paradójicamente violando las leyes (todavía no se aprueba su propuesta de ley de seguridad nacional que le daría legalidad a algunas de las acciones hasta ahora ilegales tanto del Ejército como de la Marina en dicha guerra: por ejemplo el ingreso a casas habitación sin orden judicial o retenes en calles y carreteras también sin la respectiva orden judicial: artículo 16 constitucional).
Tal vez por esto es que el secretario de la Defensa hizo un llamado al Congreso, el 9 de febrero, a reformar las leyes en materia de seguridad nacional, con el fin de “custodiar mejor a la comunidad y preservar la integridad y prestigio” del Ejército Mexicano (La Jornada, 10/2/12), pues bien se sabe que sin esas reformas el prestigio de los militares está en cuestión, por no tener fundamento legal muchas de sus acciones contra el crimen organizado o contra quienes presuntamente pertenecen a éste.
Diez días después, en el aniversario del Día del Ejército y las Fuerzas Armadas, el general Galván dijo: “Somos una institución emanada de la ley, y que actúa con apego a la ley” (las cursivas son mías), a pesar de que la ley que haría legales las acciones militares todavía no existe y de que, en caso de que se dicte antes de que termine el periodo de Calderón, no será ni podrá ser retroactiva.
La otra parte interesante del discurso del secretario de Defensa del 9 de febrero es cuando dijo que es evidente que existen partes del territorio nacional donde “el espacio de la seguridad pública está totalmente rebasado” porque la delincuencia organizada se apropió de las instituciones del Estado (La Jornada, ídem). Esto no debió haber ocurrido y demuestra que lejos de haber sido efectiva la “lucha” de Calderón contra el crimen organizado, éste ha ganado terreno que antes no tenía o que el gobierno no reconocía como espacios en control de aquél. Preocupa que para recuperar esas regiones del territorio nacional se vaya a hacer mediante las fuerzas castrenses y que éstas controlen, en nombre de las instituciones del Estado, esas regiones, y no el poder civil constitucional.
No sería un buen precedente que el gobierno civil y constitucional le ceda el poder a los militares, ni siquiera para “rescatar” regiones del país donde el crimen organizado se apropió de las instituciones del Estado. Las instituciones del Estado, dicho sea de paso, no son abstracciones: tienen titulares y trabajadores de diversos niveles, que son los responsables de lo que se haga con ellas y de que trabajen al servicio de la población común y no de delincuentes. El caso de la penitenciaría de Apodaca, Nuevo León, es ilustrativo: nueve custodios y varias autoridades (incluido el director del penal), según la información oficial, participaron en la fuga de 30 presos, presumiblemente zetas. Los zetas, por si no se recuerda, tienen su origen en las filas de militares de elite, desertores del Ejército Mexicano (véase “Los zetas” en Wikipedia).
Se ha generalizado la idea de que el narco tiene grandes poderes. Sin juzgar si esto es cierto o una exageración, en cuanto se supo que no ganó el PAN en las elecciones pasadas en Michoacán (13/11/11), este partido sugirió que el crimen organizado había influido en la contienda, a favor del PRI, por supuesto. Una afrenta para Calderón, no sólo porque es su patria chica sino porque la ex candidata de su partido es su hermana.
Lo preocupante del affaire Michoacán es que ante la posibilidad de que perdieran los panistas saltó de inmediato la conjetura de que atrás de los candidatos opositores podía estar presente la delincuencia organizada. Días después de las elecciones michoacanas (30/11/11), el senador panista González Alcocer trató de meter a hurtadillas una modificación en la miscelánea penal con la que se pretendía equiparar la protesta social con el terrorismo. Al ser cuestionado, el senador reconoció que dicha iniciativa provenía de la Presidencia de la República. No pasó.
Cinco días más adelante del fracaso de penalizar la protesta social, Calderón declaró que era innegable la presencia del crimen organizado en las elecciones: “La intervención palmaria y evidente de los delincuentes en procesos electorales –dijo– es un dato nuevo y preocupante, un dato al que ningún partido político puede permanecer silente u omiso; es una amenaza para todos y a la que juntos, sin titubeos, debemos cerrarle el paso.” Y luego señaló: “Hablamos de un mal que representa una amenaza a la viabilidad del Estado mexicano, y una amenaza clara, cada vez más obvia, a la democracia nacional” (La Jornada, 5/12/11).
¿Conjeturas paranoicas?
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120223, LORENZO MEYER, Reforma
· ¿De qué se trata?
Es natural que en la última etapa de cualquier gobierno, cuando ya no es lógico suponer que nuevas decisiones y acciones puedan modificar de manera sustantiva la naturaleza del debe y el haber, se inicie el juicio sobre lo que se hizo, lo que no se hizo y lo que pudo haberse hecho. Es igualmente comprensible que hoy sea el siempre intenso Julio Scherer García, decano del periodismo político mexicano, quien se encuentre entre los primeros en examinar y juzgar -en este caso, un juicio sumario- sobre lo que ya se acumuló en el expediente del jefe del Poder Ejecutivo. Se trata de: Calderón de cuerpo entero (Grijalbo, 2012).
El término “Juicio de la Historia” se ha usado numerosas veces y en muy distintos contextos. Sin embargo, todos sabemos que en realidad no hay tal veredicto de “La Historia”, que quienes juzgan son individuos que quieren dejar constancia de un juicio personal sobre actores y episodios del pasado. Es el conjunto de estas opiniones más o menos fundadas, y raras veces unánimes, lo que va construyendo el llamado “juicio de la historia”. Se trata de un juicio que nunca queda cerrado ya que con el paso del tiempo lo juzgado se va viendo de forma diferente, pues cada veredicto es hijo de su época -de los problemas y los valores del tiempo en que se emite- y con el correr de los años las bases de esas percepciones tienden a mudar. Finalmente, si bien en sentido estricto no tiene sentido el concepto “juicio de la historia”, los juicios individuales con capacidad de hacer historia sí. Y los que salen de la pluma de Julio Scherer son contundentes: Siqueiros. La piel y la entraña, Los presidentes, Salinas y su imperio, La pareja, Allende en llamas, entre otros. El valor de tales veredictos no deriva sólo de la forma en que se han elaborado sino también y sobre todo de la biografía del autor, del periodista que en varias ocasiones se enfrentó con decisión y éxito al poder autoritario y que por ello adquirió autoridad para enjuiciar a personajes y eventos de la vida pública mexicana.
· Garganta profunda
Este inicio del juicio histórico de Calderón está elaborado con algunos documentos recibidos por el autor y, sobre todo, con una serie de entrevistas con un personaje -Manuel Espino Barrientos- que conoció desde dentro e incluso encabezó al partido de Felipe Calderón, pero que hoy está decidido a revelar ciertas interioridades de la forma y del contenido calderonista en el poder.
Espino, duranguense, ingresó al PAN muy joven, en 1976 o en 1978. Ya como militante de ese partido se licenció en administración de empresas y destacó como parte de la oposición asentada en la zona de los empresarios y sus administradores. Espino se afilió al PAN justo cuando ese partido dejó de ser un mero grupo de presión para empezar a convertirse en un verdadero partido político capaz de ejercer el poder a nivel local.
El gran avance panista estuvo ligado a la crisis del sistema autoritario priista a inicio de los 1980 y que desembocó en el fraude del 88. Para hacer frente a los efectos de esa burda maniobra contra la izquierda, Carlos Salinas reconstruyó la coalición gobernante y se acercó a un PAN más que dispuesto a cogobernar si se hacía desde la plataforma neoliberal de Salinas y sus tecnócratas. Ya para entonces los empresarios del norte habían tomado el control del partido blanquiazul y Espino se colocó como uno de sus dirigentes en el cogollo del neopanismo: Chihuahua y Sonora. De ahí Espino pasó a hacer política en el centro y en marzo de 2005 asumió la jefatura del PAN, misma que debió dejar en diciembre de 2007, es decir, el periodo cuando fraguó la candidatura presidencial de Calderón hasta que el michoacano se consolidó como Presidente. Calderón nunca consideró a Espino como uno de los suyos, de ahí que la caída de Espino dentro del PAN culminara con su expulsión del partido en mayo de 2010.
Los papeles del general Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa de Gustavo Díaz Ordaz, sirvieron a Scherer como el eje de su Parte de guerra: Tlatelolco 1968, en Calderón de cuerpo entero ese eje son las entrevistas a un insider del PAN, a Espino. Ahondar en la naturaleza del ejercicio del poder del calderonismo va a requerir de más fuentes, pero como un punto de arranque para un juicio al sexenio, lo de Espino es válido por revelador. En este ensayo de Scherer se abordan temas en torno al carácter de Calderón -autoritarismo, gusto por el alcohol, ingratitud, entre otros- pero finalmente estos elementos sólo pueden ser factores explicativos si se conectan con fallas políticas graves, de lo contrario son anécdotas.
· Fallas. El dinero
El ensayo de Scherer arranca con el arribo a su domicilio de varios documentos sin remitente, que mostraban, uno, la transferencia, en abril de 2006 y a través de Banorte, de 11 millones 999 mil cien pesos a Hildebrando, S. A. de C. V. -la empresa de informática donde Diego Hildebrando Zavala, cuñado de Felipe Calderón, tenía el 18% de las acciones- y otros dos que confirmaban, uno, la emisión del cheque por parte del PAN y el otro la factura expedida por la empresa como pago a servicios definidos como “captura de datos de simpatizantes de candidatos de Acción Nacional”. Otros documentos consignados en anexos muestran cómo, en 2008, la Secretaría de la Reforma Agraria transfirió recursos públicos -entre 100 y 400 mil pesos en cada caso- a personas ligadas al PAN para que, supuestamente, abrieran en Xochimilco empresas definidas como pecuarias, pero que, en realidad, consistían en algo tan distinto como la instalación de un cibercafé o de una estética. Para Scherer, esta documentación avala, por un lado, la sospecha formulada por Andrés Manuel López Obrador sobre las actividades del cuñado de Calderón durante la campaña presidencial del 2006: que captaba datos de los padrones de Sedesol para ser usados por el PAN y, por el otro, la entrega de recursos públicos con justificaciones inverosímiles a quienes en realidad eran aparatos locales del PAN. En cualquier caso, los documentos son presentados por Scherer como meros botones de muestra de una política que transfirió millones de pesos no en busca de satisfacer un supuesto “bien común” sino para mantener el poder desde la óptica del “haiga sido como haiga sido”.
· El triunfo de los poderes fácticos
El arte del periodismo a la Scherer se caracteriza por su economía. Se trata de que con unos cuantos trazos se pueda delinear lo esencial de asuntos que, detallados, pueden ser muy complejos. Un buen ejemplo aquí es la explicación del modus operandi de las dos cadenas de televisión que controlan el mercado mexicano. En apenas poco más de cuatro páginas, el fundador de Proceso nos hace entender cómo en 2006 se consiguió que se aprobara en el Congreso la llamada “Ley Televisa”. En esta narrativa, el papel central lo tiene la necesidad urgente de Calderón y su equipo de “remontar las encuestas”. Para poner a la TV de su lado en vísperas de la elección, Calderón debió convertirse, según Espino, en el factor político decisivo para la aprobación en el Congreso de la “Ley Televisa”, pues fueron sus operadores quienes presionaron a los legisladores panistas que se oponían a esa ley, conscientes de que impedía la competencia que se requería para superar una situación de duopolio surgida a la sombra del PRI. Al final, el Congreso aprobó la “Ley Televisa” y con ello la preservación del status quo. Otro ejemplo de cómo las necesidades políticas del calderonismo hicieron de lado al “bien común”.
· El crimen organizado
Scherer recoge de Espino una de las razones que explican la peculiar política del calderonismo contra el narcotráfico. Se trata de una reiteración: esta lucha se inició sin consultar con los especialistas ni prever la reacción del adversario. La motivación fundamental no fue poner a los cárteles a la defensiva, sino suponer que ganar de manera contundente en este frente de batalla generaría la legitimidad que la elección del 2006 no dio. Sin embargo, lo que se logró fue un problema mayúsculo para Calderón, para quien le suceda en el poder y para el país.
· Conclusión
El trabajo de Scherer concluye así: “La política del presidente Calderón lo ha llevado por caminos peligrosos. Ante la historia es ya un hombre en entredicho”. Se trata de uno de los primeros juicios globales sobre el sexenio, del adelantado de los muchos que están por venir. La tarea por hacer es clara: ahondar en los temas abordados y en los que quedaron fuera: el manejo de las próximas elecciones, las relaciones con el exterior, las políticas económicas y sociales y un largo etcétera.
120223, PURIFICACION CARPINTEYRO, Reforma
A nadie queda duda de que, para el cabildeo, Televisa se pinta sola. Y es que además de ser dueña del mejor de los equipos -de insospechados alcances- tiene una suerte endemoniada. Tiene “estrella”.
No deja de sorprender la coincidencia con la que cada vez que se contrarían los intereses del poderoso grupo. Los responsables pasan a ser protagonistas de un linchamiento mediático que, en el mejor de los casos, conduce a su renuncia del cargo -si se trata de un funcionario público-, y en el peor, terminan en prisión.
Isaac Saba, Santiago Creel, Simón Charaf, Alejandro Junco, el ISSSTE, el Instituto Federal Electoral, entre otros casos menos notorios, comparten algo en común. Cada uno de ellos protagonizó algún escándalo incendiado directa o indirectamente por la televisora, justo cuando se atrevieron a contravenir los deseos del todopoderoso grupo. Y aunque son demasiados los ejemplos para creer en coincidencias, tarde o temprano, alguien les pisará un callo y pasará a ser la siguiente víctima de otro linchamiento mediático.
La comprobación científica de una teoría resulta de la obtención del mismo resultado ante la aplicación de la misma fórmula. Así, fuera de los “sospechosismos” que tanto disgustan a las autoridades, es posible comprobar que cualquiera que ataque o contraríe a Televisa será protagonista de algún escándalo, aunque se lo tengan que inventar.
Si los casos citados no son evidencia suficiente, hay dos recientes que comprueban la tesis:
Hace unas semanas, justo antes de que la Comisión Federal de Competencia decidiera negar su aprobación a la compra del 50 por ciento de Iusacell por Televisa, su presidente, Eduardo Pérez Motta, pasó a ser el “villano” de la comedia noticiosa. Pérez Motta inclusive llegó a denunciar públicamente ser objeto de presiones por las televisoras para forzar su voto.
Otro caso es el del presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, Mony de Swaan, que, en cumplimiento de la responsabilidad a su cargo, desde el año pasado impulsó acciones tendientes a la licitación de hasta dos cadenas de televisión abierta para competir con Televisa y TV Azteca, que juntas detentan el 95 por ciento de las señales de televisión abierta en México.
Como resultado de esos esfuerzos, en noviembre del año pasado la Cofetel lanzó una consulta pública para allegarse de opiniones en relación con la necesidad de licitar nuevas cadenas de televisión. Este ejercicio propició la acción ciudadana, que masivamente se avocó a manifestar su opinión apoyando la posibilidad de que aparezca competencia frente al duopolio televisivo.
Pero días antes en que De Swaan diera a conocer los resultados de la consulta, la agencia noticiosa Reuters publicó una nota en contra del funcionario, acusándolo de aprobar contratos irregulares y tráfico de influencias. Es de destacar que en dicha nota del 16 de diciembre pasado, los mismos autores escriben que “no hay evidencia de que de Swaan recibió beneficio financiero por los contratos”. “Pero generan cuestionamientos acerca de su juicio”.
Con esas pruebas, es decir, con las aportadas por la nota de Reuters -en la que se especifica que “no hay evidencia”-, un quijote gris se envolvió en la bandera de la honorabilidad, y el mismo día en que Mony de Swaan presentaba ante el Pleno de la Cofetel el programa de licitaciones para la tercera cadena de televisión, el diputado César Augusto Santiago demandó un punto de acuerdo en la Comisión de Función Pública de la Cámara de Diputados para exigir la comparecencia del funcionario para explicar las contrataciones irregulares y exigir su renuncia. Todo un linchamiento mediático al que De Swaan tendría que someterse por atentar contra los intereses de las televisoras, que claman por competencia pero en el monopolio ajeno.
Pero el linchamiento no fue ya tan necesario. En lamentables condiciones de falta de trasparencia en la votación, con cuatro a favor y uno en contra -el de De Swaan-, el Pleno de Cofetel decidió aplazar indefinidamente la votación del programa de licitaciones y la transición a la televisión digital. También la comparecencia de De Swaan, fijada para ayer, se vio frustrada. Ya con la presencia del funcionario, los Diputados la cancelaron ahí.
Sin embargo, la amenaza está latente. Suena en las plumas que invariablemente defienden o atacan a discreción, a cualquiera que ose atentar contra los intereses de las televisoras; suena en las tribunas públicas, en voz de los incautos que por contubernio o ingenuidad se prestan a ser victimarios de aquellos que tienen por única culpa hacer su trabajo.
pcarpinteyro@gmail.com
22 febrero 2012
21 febrero 2012
120221, ROBERTO BLANCARTE, Milenio
Algunas personas se preguntan ¿por qué las iglesias minoritarias se oponen a la noción de libertad religiosa?, ¿por qué dicen que la pretendida reforma constitucional va a culminar en más privilegios para la Iglesia católica?, ¿por qué se han unido a intelectuales, líderes de opinión, liberales, masones y a los muchos católicos que no están de acuerdo con su jerarquía? La respuesta es simple: porque no les gusta la obvia complicidad que existe entre el Episcopado católico y una parte de la clase dirigente del país, porque eso lesiona el crucial principio de separación entre el Estado y las iglesias y porque ello afecta la noción esencial de igualdad en el trato a las agrupaciones religiosas y a los creyentes, así como la no discriminación.
Los dirigentes de las iglesias minoritarias no están locos. Les basta observar cómo suceden las cosas día a día en nuestro país, donde funcionarios y políticos tratan a los obispos católicos de manera privilegiada y siguen actuando como si no existiera la pluralidad religiosa, como si en el censo de 2010 más de 18 millones de personas no hubieran contestado que pertenecen a una religión distinta o que no pertenecen a alguna. El Presidente de la República sigue pensando que todos somos guadalupanos y los políticos siguen creyendo que quedar bien con el obispo local les va a atraer votos de los creyentes. En consecuencia, buena parte del Episcopado sigue actuando como un grupo de presión, haciendo política de poder, amenazando a quienes piensan distinto y violando abiertamente la ley electoral y la de asociaciones religiosas. Nadie los para. Y aunque es cierto que sus exhortaciones no tienen algún impacto entre la población, generan esa sensación entre los propios creyentes y ciudadanos comunes de que los privilegios y la impunidad de la que gozan algunos obispos católicos son parte de la estructura social y política en la que vivimos. Estructura inequitativa que en materia religiosa se ancla en el lugar privilegiado que sigue teniendo una sola religión. A nadie debe extrañar, por lo tanto, que las otras dirigencias religiosas se nieguen a avalar lo que no fue hecho para los miembros de otras religiones y que eventualmente, en el mejor de los casos, se convertirá en migajas que perpetúan la inequidad y la discriminación.
Las pruebas de esta discriminación son múltiples y se observan cotidianamente. La reforma al artículo 24 de la Constitución, por ejemplo, se cocinó a petición del Episcopado católico y los legisladores no le pidieron opinión a algún otro dirigente religioso. Ningún dirigente presbiteriano, metodista, luterano, bautista o de las otras iglesias evangélicas fue consultado. Mucho menos los testigos de Jehová, los mormones o los judíos. Ni siquiera para guardar las formas. Luego los legisladores se asombran de las reacciones.
Los funcionarios gubernamentales, por su parte, simple y sencillamente no tratan igual a los dirigentes católicos que a los de las otras iglesias o agrupaciones religiosas. Y no me refiero únicamente a la en ocasiones utilización caprichosa del registro de asociaciones, sino a la falta de aplicación de sanciones a quienes abiertamente cuestionan las leyes existentes.
Las orientaciones pastorales del arzobispo y obispos de la Ciudad de México “sobre el voto responsable de los fieles católicos”, de la semana pasada, violaron la Constitución. Los obispos tienen prohibido participar en política electoral, en favor o en contra de algún partido o candidato. En dichas orientaciones, los obispos llamaron a no votar por los partidos y candidatos que están a favor de la despenalización del aborto y del matrimonio entre personas del mismo sexo. El artículo 130 de la Constitución señala que los ministros de culto no podrán en publicaciones de carácter religioso oponerse a las leyes del país. Y las leyes del Distrito Federal que despenalizaron el aborto y permitieron el matrimonio entre personas del mismo sexo son del país. Así que se violó la Constitución, bajo la mirada complaciente de muchos funcionarios. La enorme contradicción es que dichas orientaciones, en las que se pide veladamente la reforma al artículo 24 de la Constitución, se hacen violando el artículo 130 de la misma. Lo peor del caso es que esto se hizo apelando al “cuidado, la protección, la promoción y la integración social de las personas más vulnerables” y otros valores muy cristianos, pero que evidentemente no son aplicables a quienes no piensan como ellos.
La orientaciones pastorales señaladas, hay que decirlo abiertamente, no son más que un burdo intento de extorsión a los senadores que ahora está discutiendo la reforma al artículo 24 constitucional. Curiosamente, las orientaciones pastorales señalan que los fieles cristianos “tienen derecho a exigir a los candidatos que piden su voto, dejar en claro que están a favor de una verdadera libertad religiosa”. Me pregunto si ¿estarán dispuestos a aceptar los obispos que sus propios fieles no comparten su idea de libertad religiosa, o amenazarán con excomulgarlos como ya lo han hecho en otras ocasiones?, ¿caerán los senadores en este chantaje? Y, finalmente, ¿algún funcionario asumirá su responsabilidad y sancionará a los obispos?
20 febrero 2012
120220, DENISE DRESSER, Reforma
Josefina Vázquez Mota sonríe. Y sonríe. Y sonríe. Pero también hace otra cosa al arrancar su campaña presidencial. Como la protagonista “Elastichica” de la película Los Increíbles, se estira en una dirección con la mayor facilidad, y luego en la otra sin pestañear siquiera. Es la candidata que sabe decirle a cada quién exactamente lo que quiere oír. Puede desayunar en la mañana con los concesionarios de radio y televisión y salir ovacionada. Por la tarde recibe aplausos emocionados de los que están al frente de las radios comunitarias. Habla de “consolidar” el trabajo de Vicente Fox y Felipe Calderón, mientras aspira a un “México posible”, que sus predecesores panistas no lograron construir. Puede presentarse en un mismo día como una candidata del cambio y como un avatar de la continuidad. Josefina elástica, flexible, moldeable y por ello mismo difícil de aprehender. Difícil de entender.
No cabe duda que es una mujer políticamente hábil y mediáticamente astuta. Ha sabido tender puentes entre tirios y troyanos, entre miembros del gobierno y representantes de la sociedad civil. Ha sabido estar al frente de dos Secretarías importantes -Desarrollo Social y Educación- y crear equipos talentosos desde allí. Conversa, seduce, elogia, concilia, convoca. Se presenta como un personaje más cercano a la ciudadanía que sus contrincantes. Pero lo que la hace distintiva hasta este momento no son sus posturas sino su género. Lo que la hace memorable en esta coyuntura no es el hecho de apoyar la reforma política sino el hecho de ser mujer. Sólo en eso es válida su afirmación de no ser más de lo mismo. En todo lo demás representa la continuidad con las administraciones panistas de los últimos 12 años. No quiere romper con Felipe Calderón porque no sabría a dónde ir, qué decir, qué ofrecer, en dónde estar parada.
Es cierto, Josefina Vázquez Mota es mujer y eso le da la ventaja de la novedad. Pero es una mujer de convicciones poco claras y eso le restará apoyos si no se define y de mejor manera. Basta con escuchar la elasticidad de sus palabras, la maleabilidad de sus pronunciamientos. Afirma que “es momento de replantear la política pública en el campo mexicano”, pero no dice cómo. Dice que “no tiene miedo para enfrentar el crimen organizado”, pero no delinea la estrategia con la cual lo hará. Propone fortalecer el mercado interno pero no explica el plan para lograrlo. Insiste en la reconstrucción de la paz en el país, pero para asegurarla sólo ofrece darle a México el mismo trato que despliega con sus hijas. Dice que combatirá los monopolios cuando ella fue una de las negociadoras que llevó al PAN a apoyar la Ley Televisa, como coordinadora de campaña de Felipe Calderón.
Cuando se le pregunta sobre la homologación del IVA responde que “más que una medida parcial, lo que requerimos es una reforma hacendaria integral”. Cuando se le cuestiona sobre la necesidad de otra reforma energética contesta que “más que una reforma energética lo que requerimos es seguir trabajando en aspectos que no hemos reformado”. Cuando se le interroga sobre la posible desaparición del IMSS y del ISSSTE para crear un solo sistema de seguridad pública responde simplemente “tenemos que hacer una revisión profunda de las instituciones”. Y es aún más elástica y escabullidiza en el tema del combate al crimen y la guerra contra el narcotráfico. Reconoce la valentía personal de Felipe Calderón, pero más allá de eso no aporta más que la frase trivial, la declaración banal, la respuesta hueca.
Josefina habla mucho pero dice poco; sonríe mucho pero se compromete poco. Hasta hoy su candidatura es una falda abotonada con buenas intenciones. Y eso no será suficiente para afrontar el lento crecimiento de la economía, el escalamiento intenso de la violencia, el hartazgo ciudadano con el PAN. Si Josefina no empieza a asumir posiciones que la distancien de Vicente Fox y Felipe Calderón, acabará siendo la candidata del statu quo. Quedará aprisionada entre un Enrique Peña Nieto que ofrece el valor de la experiencia -aunque haya sido corrupta- y un López Obrador que ofrece el rompimiento radical a través de la República besucona. Quedará atrapada entre quien dice sí saber gobernar y el que promete hacerlo de forma fundamentalmente distinta. Quedará acorralada entre el esfuerzo de restauración priista y el intento de seducción lopezobradorista.
En el discurso en el cual asume su candidatura, Josefina declara que el enemigo a vencer es Enrique Peña Nieto, que “no conoce a fondo los problemas del país y que tiene muchos compromisos”. Pues para confrontarlo y ganar, tendrá que reemplazar la elasticidad por la congruencia, la maleabilidad por la toma de posiciones contundentes, el escabullimiento por la manifestación de posturas valientes. Tendrá que romper con los mismos compromisos que le achaca a Peña Nieto y que explican por qué el PAN ha podido hacer tan poco en los últimos dos sexenios. Tendrá que hacer una campaña de contrastes con el PRI del pasado y ello requerirá ser una mujer de hierro y no una mamá de plastilina.
120220, JOHN M. ACKERMAN, La Jornada
Los casos más graves de politización de la procuración de justicia no son los que conocemos, sino aquellos que ignoramos. El michoacanazo, los casos de Greg Sánchez y Jorge Hank Rohn, así como las investigaciones penales actualmente en curso en Coahuila y Tamaulipas, constituyen apenas la punta del iceberg. El verdadero escándalo no es que la PGR haya decidido investigar y exhibir a estos políticos, sino que no lo haya hecho antes y de manera más sistemática y generalizada.
¿Cuántas veces Felipe Calderón habrá ordenado por razones políticas que “se archivara” algún expediente penal en contra de un alto funcionario? ¿Por qué ninguno de los políticos de primera línea hoy investigados por la PGR pertenece al PAN? La politización de la justicia ha sido la regla a lo largo de la historia reciente del país. Más grave que los intentos actuales de Calderón por amedrentar a sus adversarios de hoy son sus pactos de complicidad e impunidad con sus amigos de ayer.
Pero al destapar la cloaca de la corrupción en los más altos niveles del priísmo, Calderón también evidencia la complicidad y tolerancia del panismo con estas mismas irregularidades. Recordemos, por ejemplo, que Calderón ganó la votación presidencial en Coahuila en 2006 gracias al apoyo que recibió tanto de Elba Esther Gordillo como de sectores del PRI que abandonaban a Roberto Madrazo. Más allá del escándalo de la deuda ilegal del estado, uno solamente puede imaginar la cantidad de tropelías que se habrán cometido en este bastión del PRI durante el último sexenio con el aval y la protección de la Presidencia de la República en gratitud por el apoyo electoral.
México necesita más, no menos, investigaciones serias de la probable complicidad de altos funcionarios e importantes empresarios con la delincuencia organizada y el narcotráfico. Los niveles de impunidad e infiltración que hoy permanecen en el país no pueden ser resultado únicamente de la acción de policías, ministerios públicos y jueces corruptos en lo individual. Al contrario, responden a políticas de Estado y sistemas de complicidad que son fomentados y tolerados desde los más altos niveles.
La semana pasada el general Guillermo Galván confesó, en el marco del 99 aniversario de la Marcha de la Lealtad, que en muchas partes del territorio nacional “el espacio de la seguridad pública está totalmente rebasado” y que “en algunas regiones del país la delincuencia organizada se apropió de las instituciones del Estado”. Pero esta situación no es solamente responsabilidad del PRI, sino también del partido que hoy gobierna a escala federal.
Las auditorías de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la PGR para el ejercicio fiscal de 2010 nos ayudan a entender las razones del fracaso tan monumental en materia de seguridad pública. Durante 2010, por cada 100 averiguaciones previas abiertas por el Ministerio Público Federal (MPF) únicamente 34 se consignaron ante un juez. En otras palabras, 66 por ciento de las investigaciones se quedaron totalmente sin materia, bien porque las personas investigadas o detenidas no tuvieron nada que ver con los delitos investigados o bien por la total ineptitud de los agentes de la MPF en acreditar los delitos y los responsables. Así mismo, durante el mismo año, casi 7 mil mandamientos judiciales fueron cancelados porque el delito correspondiente había prescrito y la autoridad no había actuado a tiempo.
La ASF también descubrió que la PGR simplemente no cuenta con un registro confiable de la detención y puesta a disposición de personas ante el MPF durante todo 2010. Resulta que durante el proceso de cambio en los sistemas para el registro de esta información los datos se perdieron o nunca se registraron.
El auditor Juan Manuel Portal también acreditó algo que muchos ya sospechábamos: la PGR simplemente no cuenta con una “estrategia” antidrogas. El Programa Nacional para el Control de Drogas 2007-2012 que se redactó a principios del sexenio nunca fue debidamente aprobado ni se le ha dado seguimiento institucional. La PGR también hoy opera con un reglamento interno totalmente desactualizado e inoperativo, que no corresponde a la nueva Ley Orgánica de la institución, publicada el 29 de mayo de 2009.
Los recientes despidos del fiscal especial para la atención a delitos electorales, José Luis Vargas, y del visitador general de la PGR, César Chávez, no constituyen entonces un giro hacia una mayor politización en la institución, sino son apenas los ejemplos más recientes de la gran debilidad institucional que ha carcomido este órgano estatal desde el principio del actual sexenio. Si bien el caso de Vargas ha recibido más atención mediática, el de Chávez es también grave, ya que durante 2011 había logrado aumentar en 300 por ciento la cantidad de observaciones emitidas a funcionarios de la PGR por irregularidades administrativas y penales. Al parecer, a la procuradora Marisela Morales le incomodó ese esfuerzo por intentar una depuración interna más enérgica.
La buena noticia, sin embargo, es que el rompimiento temporal del pacto de complicidad e impunidad entre PRI y PAN ha permitido que salga a la luz pública información muy importante sobre la corrupción política en el país. El resultado podría ser positivo si la sociedad logra transformar su nuevo conocimiento en exigencias específicas a favor de mayor rendición de cuentas de la clase política entera.
Twitter: @JohnMAckerman
www.johnackerman.blogspot.com
19 febrero 2012
120219, JORGE VOLPI, Reforma
La democracia es cruel. Cuando los ciudadanos juzgan que un partido ha sido torpe, ineficiente o corrupto, pueden aplicarle un castigo ineluctable: su expulsión del poder en las siguientes elecciones. Así lo establece, al menos, la teoría: las urnas sirven para calificar a los representantes populares. Este carácter punitivo se agudiza cuando se percibe que un político -y por ende su partido- es culpable de nuestra inseguridad o nuestra miseria repentinas. El veredicto no admite, entonces, concesiones: lo único importante, lo único urgente, es apartarlo del gobierno. Para ello, no queda más remedio que votar a otro candidato, cualquiera que éste sea.
En los sistemas donde se baten sólo dos grandes partidos, como Estados Unidos, España o Francia, sancionar a un partido significa, de modo inevitable, otorgarle la confianza a su oponente. Pero incluso en sistemas menos concentrados, como el mexicano, la desesperada búsqueda de la alternancia suele confiarle las llaves del país a un candidato o a un partido sólo porque no es otro, sin tomar en cuenta su programa o sus méritos intrínsecos.
La España del 2011 es buen ejemplo: la decepción e incluso el odio concitado por José Luis Rodríguez Zapatero, al no haber sabido enfrentar la crisis -peor: al haberla enmascarado-, llevó a sus ciudadanos a aplicar la peor represalia jamás experimentada por el Partido Socialista Obrero Español en su larga historia. En estos meses, el PSOE no sólo perdió el gobierno central, sino casi todos los ayuntamientos y autonomías (y es probable que pronto ceda al Partido Popular su bastión andaluz, lo cual dejaría en sus manos ya sólo el endeble ejecutivo del País Vasco). Un viraje sin precedentes gracias al cual el PP detenta un control casi absoluto de las instituciones del Estado.
En principio, no parece haber nada objetable: los electores decidieron aupar al PP para demostrar su repudio al PSOE. La mayor parte de quienes tomaron esta decisión buscó expresar su rabia o su amargura hacia el manejo financiero de los socialistas. Sin embargo, desde su arribo al poder, el PP no se ha conformado con instrumentar los más drásticos recortes sociales que se recuerden en España -lo había advertido, así fuese subrepticiamente, durante la contienda-, sino que se ha aprovechado de su hegemonía para impulsar una amplia serie de medidas cuyo objetivo es revertir los avances del PSOE en derechos de las minorías, aborto, privatización de los servicios públicos y protección al trabajo, asumiendo que su mayoría absoluta en las Cortes lo autoriza para aprobar cualquiera de estos pasos.
Otra vez: en términos jurídicos, nada lo impide. Si los populares disponen de un autoridad legítimamente ganada en los comicios, las leyes los autorizan a ejercerla a su antojo. A nadie debería extrañar que un partido conservador, en cuyo seno se enquistan sectores de la derecha más rancia, aproveche la ocasión para imponer sus ideario. Sólo que, visto en perspectiva, no era éste el deseo de gran parte de los ciudadanos que votaron por Mariano Rajoy, los cuales perseguían una mejor gestión de la economía, no la erradicación de los avances socialistas. Y es aquí donde la democracia liberal no conoce otra salida: deshacerse de un partido conlleva entronizar a otro, aunque luego se tengan que tolerar sus lados negativos.
Esto fue lo que ocurrió en México en el 2000: hartos de la corrupción y el abuso sufrido durante décadas, los ciudadanos se decantaron masivamente a favor de Vicente Fox -y, en menor medida, del PAN- para expulsar al PRI de Los Pinos. Al final, Fox articuló un gobierno errático pero variopinto, más pragmático que ideológico, pues carecía de mayoría en el Congreso. Algo peor podría suceder en el 2012: hastiados ante los errores del combate contra el narco emprendido por el presidente Calderón, los electores podrían darle la mayoría absoluta a otro partido, o al menos esto es lo que pretende el PRI.
Ésta ha sido la apuesta de su candidato, Enrique Peña Nieto, al despreciar de tajo la idea de un gobierno de coalición y luchar por todos los medios, en cambio, por presentarse como alternativa única al PAN, desplazando a un lejano tercer lugar a López Obrador. En una visión que no traiciona el autoritarismo de sus peores épocas, el PRI aspira a imponer la sensación de que el fracaso panista se debió a su falta de mayoría en el Congreso, a fin de lograr que los ciudadanos se la concedan el próximo julio (sin añadir, claro, que fueron sus legisladores quienes bloquearon todos los intentos de reforma presentados en estos 12 años).
Un chantaje en toda regla que, por el momento, parece haber calado en la opinión pública. De mantenerse la ventaja que le auguran las encuestas, Peña Nieto podría cumplir su sueño neohegemónico. El PRI dispondría entonces, de nueva cuenta, de una carta blanca sobre el país, la mayoría de cuyos estados ya gobierna a su antojo: un control semejante al que ya acaparó en el pasado, con el saldo de corrupción, falta de transparencia e impunidad que caracterizaron su desempeño por más de siete décadas.
Twitter: @jvolpi
120219, ARNALDO CORDOVA, La Jornada
Peña Nieto y sus asesores han descubierto que el gobierno panista y su partido los pueden hacer víctimas, si no es que ya lo son, de una guerra sucia”. No la han definido (no son hombres de definiciones), pero saben de qué hablan y el recuerdo de la experiencia electoral de 2006 se les aparece como una pesadilla que comienza a meterles miedo. Igual que Fox en su momento, saben que Calderón es capacísimo de someterlos a ataques sucios y descabellados que pueden desbarrancar el proceso electoral e imponer a su ya definida candidata a la Presidencia. Seguros de su triunfo, ellos quisieran unas elecciones de terciopelo en las que los ciudadanos pudieran elegir sin presiones a sus candidatos.
Lo primero que han hecho los panistas, y en ello se ha destacado su dirigente nacional, Gustavo Madero, es tratar de convencer que el PRI sigue siendo el viejo partido mañoso y autoritario, y que el PAN es lo único que se le opone para evitar una vuelta al pasado priísta. Los priístas y sus defensores, gratuitos o no, por el contrario, nos quieren convencer de que el PRI ya es otro partido que no tiene nada que ver con el antiguo “partidazo”. Algunos admiten, por supuesto que, en realidad, el PRI es un nuevo y un viejo partido, a la vez, pero se deslizan, sin que lo noten, a cifrar lo que tiene de nuevo en el hecho de que ahora tiene una candidatura triunfadora.
Que el PRI es un fruto eminente de la Revolución Mexicana y que su ideología fue durante decenios la ideología de la Revolución, lo dirimen diciendo que dicha ideología no existió o que simplemente fue una “presunta” ideología, con el argumento, bastante estúpido, de que fue una amalgama de ideas y propuestas contradictorias entre sí. Eso no es más que declarar su ignorancia de la historia y, además, ufanarse de ello. Para los panistas, el PRI sigue siendo el de siempre, vale decir, una maquinaria de poder corrupta y corruptora, a la que hay que impedir que regrese al poder.
¿Qué podría haber de cierto en la afirmación de que el PRI, en efecto, ha cambiado de piel y ya es otra cosa? La verdad y siendo generosos, es que el PRI en lo único en que ha cambiado y, para ello, sólo parcialmente, es que ha perdido el poder presidencial. Su modo autoritario de conducir la dirección de sus bases es la misma, y no basta con decir que ahora los priístas, para hacer sus designaciones, por ejemplo, siempre negocian, porque siempre lo hicieron, incluso en la época de mayor lustre y autoridad del poder presidencial. Al final, desde la época de Calles, las decisiones se tomaban por consenso entre sus grupos de poder.
Antes decidía el presidente, se ha dicho, pero eso sólo ocurría, ya desde los años de Obregón, cuando los mismos grupos de poder, al final de una rebatiña en la que no se ponían de acuerdo, dejaban la decisión en manos del presidente. Por lo general, desde que los revolucionarios dejaron de dirimir sus diferencias a balazos o con el asesinato, el papel del presidente era el de árbitro de las pugnas entre sus partidarios o el de formar y recoger los consensos en torno a decisiones capitales. Ciertamente, cuando él tomaba partido por alguna de las opciones, lo que hacía era fracturar su frente interno y por eso se abstenía de cargar la balanza de algún lado.
Por supuesto que muchas cosas cambiaron en el PRI cuando perdió la Presidencia. Pero no fue su naturaleza ni su modo de ser y de existir. Su modo de hacer política y hasta sus grupos de poder siguieron siendo los mismos, aunque con los recambios que el tiempo y las circunstancias imponen. Fue como si un lobo hubiera perdido los colmillos. El problema con el PRI es que hace recambio de colmillos periódicamente y suelen crecerle tan agudos como antes. De igual modo debió haber contribuido a cambiar las cosas en el PRI el hecho de haber perdido el apoyo histórico que tenía siempre de los grandes grupos empresariales en las campañas de 2000 y 2006.
En eso, más que el PRI como partido, los que han encontrado el modo de tenerlo como reserva de poder clasista han sido los empresarios y los exponentes de los llamados grupos fácticos, que han ido colocando en los puestos de representación popular a personeros suyos que actúan no partidariamente, sino facciosamente en favor directamente de sus intereses. En eso abrieron cancha primero en el mismo PRI y posteriormente en el PAN. Ni siquiera en eso hay verdaderos cambios.
El PRI sigue siendo el mismo de antes, pero se nota que como maquinaria de poder ha sufrido un lento y persistente proceso de decadencia y desgaste. El viejo presidencialismo ha sido sustituido por el poder de los gobernadores, pero sigue teniendo los mismos rasgos de antaño: ahora es el pool de los mandatarios estatales el que funge como árbitro de las contiendas, con la desventaja de que no puede ser unipersonal como antes; pero el tipo de intereses a arbitrar sigue siendo el mismo, de grupos, de mafias, de banderías que ya nadie puede cubrir con mantos ideológicos, todos asociados en una alianza que todos preservan, porque de ella depende su existencia. Los liderazgos siguen siendo los mismos de antaño.
Una tragedia en especial de esa decadencia lo es, a ojos vistas, el destino que ha cabido a los sectores de masas (obrero, campesino y popular), que siguen arrastrando su existencia, pero que carecen ya de fuerza política y, sobre todo, de la antigua capacidad de movilización y de organización de los trabajadores. Sus cúpulas y liderazgos se han convertido en traficantes de negocios, en empresarios de masas, que mantienen su pertenencia al partido, pero que sirven de igual modo a los gobiernos derechistas del PAN, muchas veces en contra de los intereses de sus agremiados e, incluso, hasta de su propio partido.
El priísmo es un sinónimo de la corrupción y en sus tratos con el gobernante panismo lo demuestra a cada momento. Si los viejos priístas se enteraran del contenido de la última reforma laboral que sus diputados presentaron hace unos meses, idéntica a la del PAN y con todas las exigencias que la derecha patronal les ha impuesto a ellos y a los panistas, dirían, seguramente, que el viejo PRI ha muerto y sus enterradores son los mismos que ahora lo dirigen y lo representan. Lo mismo puede decirse de la política económica, de la educativa, de la de salud, de la agraria e indigenista y, en realidad, de todo lo demás.
¿Es eso algo nuevo? Ciertamente que no. Es exactamente lo que estamos viendo desde los sexenios de De la Madrid y Salinas y, no se diga, de Zedillo. Estamos hablando del viejo PRI, que sigue siendo el mismo, neoliberal, antinacionalista y contrarrevolucionario. Enrique Peña Nieto no ofrece nada nuevo, ni aun en el discurso, que sigue empleando los mismos parámetros de pensamiento. Su punto de partida es tratar de diferenciarse del gobierno panista. Lo dijo Ramírez Marín, vicecoordinador de la campaña priísta: “Somos un partido en la oposición y debemos proponer a la sociedad lo que hace diferente al PRI respecto de lo que está pasando [sic] y lo que realiza el gobierno” (La Jornada, 09/02/2012). ¿Qué es lo que hace “diferente” al PRI del PAN? Deberían demostrarlo.
18 febrero 2012
120218, CARLOS PUIG, Milenio
Podemos taparnos los ojos o volvernos a otro lado, pero es claro que una corporación privada —eso es la Iglesia— está indicando que no se elija a candidatos que apoyen los derechos de las personas de preferencia sexual distinta a la heterosexual y la despenalización del aborto. Qué curioso, porque esos puntos son ley en la Ciudad de México. Y una vez más se dejará pasar…
También en campaña. Febrero de 2012. Foto: Claudia Guadarrama
Pido su complicidad, querido lector, para imaginar conmigo lo siguiente.
Walmart decide la próxima semana comenzar una campaña donde en todas sus tiendas y afiliadas —Superama, Vips y Bodega Aurrerá— los empleados encargados de atención al cliente deben sugerir a los consumidores que el próximo julio no vote por candidatos cuyo nombre o apellido contenga la letra “E”. Y que en caso de hacerlo, sus compras en esa cadena tendrán 50 por ciento de sobreprecio y sus tarjetas de crédito no serán aceptadas.
La prensa revelaría el memorando en el que el presidente del corporativo argumenta que la empresa cree a pie juntillas que los candidatos cuyos nombres contienen la letra “E” no son buenos para la empresa y en todo caso para el país.
Así que en castigo, aquellos clientes que no entiendan, o se van a otra tienda o pagan más.
—Oiga, señor de Walmart, ¿y por qué creen ustedes eso? —le preguntan los reporteros.
—Pus nomás. Lo creemos y ya está. Porque nos lo dijo el fundador.
¿Se imagina, querido lector, el escándalo?¿Qué diría el IFE? ¿Qué dirían los partidos? ¿Qué diríamos todos? Las protestas frente a todos los Walmart, las marchas, las declaraciones del secretario de Gobernación, los editoriales, el cúmulo de indignación.
El secretario de Economía pediría, quiero suponer, al presidente mundial de Walmart una explicación por la conducta del jefe local y le pediría que por lo pronto no viniera a México.
Leamos ahora algunos párrafos del documento mediante el cual los líderes de una corporación privada, en este caso la Iglesia católica mexicana, han girado instrucciones a sus empleados, es decir los sacerdotes, para que den orientación a sus clientes, es decir sus fieles, de cómo deberán votar si es que quieren seguir teniendo el favor de la corporación.
Ellos lo justifican así: “Es también deber de los Pastores del Pueblo de Dios orientar a los fieles en aquellos planteamientos políticos que, por sus implicaciones religiosas, morales y sociales, contradicen las enseñanzas de la Iglesia católica (Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, No.426), con el objetivo de que sus opciones políticas sean morales y justas”.
Dice el documento del Arzobispado —así se llama el Directorio de la Corporación— que “el voto, en conciencia, debe tomar en cuenta las propuestas que promuevan”, entre otras cosas:
“La promoción y el fortalecimiento de la familia, teniendo en cuenta que el matrimonio constituido entre un hombre y una mujer es la base de la sociedad humana y cristiana, impulsando la educación de las nuevas generaciones en los valores morales y cívicos para su integración en el desarrollo social de nuestro País” (las negritas son mías).
Dice también el documento de los jerarcas:
“En lo concerniente a los valores emanados del Evangelio, los católicos deben estar atentos al compromiso de los candidatos y sus partidos de respetar el primero de todos los derechos, que es el derecho a la VIDA, desde el momento de la concepción hasta su fin natural. Los fieles cristianos católicos deben tener claridad que no es posible hacer una opción política por quienes son partidarios o promotores de falsos derechos y libertades que atentan contra las enseñanzas contenidas en la Sagrada Escritura, la tradición y la doctrina de la Iglesia”.
Podríamos hacernos tontos, pero a usted y a mí nos queda claro que lo que esos señores le piden a sus subordinados es que le digan a sus clientes que no voten por candidatos que apoyen o toleren:
1. El matrimonio entre personas del mismo sexo.
2. Los derechos civiles de las personas de preferencia sexual distinta a la heterosexual.
3. Legislación que despenalice la interrupción voluntaria del embarazo.
Por ser la Iglesia podemos taparnos los ojos o volvernos a otro lado, pero a mí me queda claro que en el México del siglo XXI una corporación privada —eso es la Iglesia— está indicando a sus acólitos que no voten por ningún candidato de, por ejemplo, el PRD y muchos priistas, y hasta algunos panistas de la Ciudad de México, que este de acuerdo con los tres puntos arriba descritos.
Qué curioso, porque esos tres puntos son ley en la Ciudad de México. La ley. Lo que rige el comportamiento de los mexicanos, no el contentillo de los jerarcas de la corporación.
Por cierto, el mero mero de la corporación, un señor alemán, vendrá a pasearse a México en plenas campañas y seguramente a decir lo mismo: que aquellos candidatos que crean que los homosexuales deben tener derecho a vivir sin ser discriminados y las mujeres a tomar la difícil decisión de interrumpir un embarazo sin ser perseguidas, no deben ser favorecidos por el voto de los fieles.
Dudo que Peña Nieto o Vázquez Mota, ni siquiera López Obrador, se atrevan a pelearse con la Iglesia.
Menos lo espero del secretario de Gobernación, que en esta ocasión reservará sus habituales expresiones de indignación.
Una vez más se dejará pasar. No nos engañemos, la jerarquía de la corporación de nombre Iglesia católica anda también en campaña.
120218, RENE DELGADO, Reforma
En la tramposa manía de presentar de manera aislada e inconexa los grandes asuntos y problemas nacionales, la clase dirigente -no sólo la política- se empeña en asegurar que las elecciones son ajenas por completo a la circunstancia nacional.
En esa lógica, el 1o. de julio todos los votos contarán y serán contados. Capos y magnates, gerentes y dirigentes, caciques (políticos, patronales, gremiales, religiosos o rurales) y grandes concesionarios, policías y sicarios pesarán lo mismo que el más humilde ciudadano. La desigualdad, herida sin alivio en nuestra historia, cerrará ese día por unas horas. Los mexicanos con credencial electoral vigente entrarán en trance cívico, valorarán virtudes y vicios de los candidatos y tendrán la última palabra. Concluida la jornada electoral, cada quien seguirá en lo suyo.
Suena bien. La democracia se vestirá de gala ese domingo y, como recuerdo, en el pulgar quedará la tinta indeleble de la fiesta. La única duda es: ¿mientras llega la gran fecha, no se está subastando la Presidencia de la República?
Vale la pregunta aguafiestas porque entre quienes aspiran al poder y entre quienes lo tienen se advierte una lucha sorda donde se disputa la Presidencia de la República por adelantado.
Qué pena siquiera pensarlo, pero a diestra panista y siniestra priista hay indicios del uso de asuntos del interés nacional o de herramientas del Estado como ariete para tomar ventaja en la competencia. Bajo y sobre la superficie electoral, sin y con disfraz, hay elementos que permiten suponer una dura batalla donde los distintos grupos políticos y económicos se asocian, negocian o confrontan para inclinar la balanza electoral.
Las distintas maquinarias del poder político, económico y magisterial trabajan -todavía no a todo lo que dan- para impulsar a quien mejor asuma la representación de sus intereses y, sobra decirlo, esa representación no es la popular. Se subasta, pues, la Presidencia de la República.
¿Dónde se advierte esa disputa? En el campo de los concesionarios y las telecomunicaciones, en el de la procuración de justicia y el combate al crimen, en el del magisterio y la educación, en el de la auditoría del gasto público y la corrupción, en el de los partidos y sus tribus, en el de las autoridades electorales y las instancias que regulan y, desde luego, en el campo del crimen… Y falta todavía por ver el decantamiento de otros poderes fácticos que, en su momento, dejarán sentir su peso político y su preferencia electoral.
Si, en verdad, hubiera la intención de evitar la contaminación del proceso electoral por parte de esos otros asuntos o problemas nacionales que, de pronto, se usan como ariete para tomar ventaja electoral, las autoridades deberían ponerlos a salvo.
Los integrantes de las comisiones Federal de Competencia y Federal de Telecomunicaciones deberían fijar postura frente a dos grandes asuntos de su agenda: la fusión Iusacell-Televisa y la licitación de una nueva cadena de televisión abierta.
Algunos comisionados de la Cofeco han dejado sentir que si bien desautorizaron la fusión Iusacell-Televisa podrían reconsiderar el tema y, a su vez, los comisionados de la Cofetel postergaron la licitación para abrir una nueva cadena televisiva sin decir cuándo retomarán el caso.
Ambos asuntos son de interés público y de la mayor importancia, por ello esas comisiones deberían establecer que será hasta después de la elección cuando los retomen. No hacerlo es exponer esos asuntos a la tentación de usarlos en la disputa por el poder presidencial y Legislativo. Y, sobra decirlo, los gobiernos los han utilizado como ariete para lograr acuerdos con algunos concesionarios a partir del beneficio que les dejan a ellos… no al país.
¿Hay la entereza en los comisionados para reconocer el peligro de dejar en el marco de la contienda electoral la resolución final de esos dos asuntos?
A lo largo del sexenio, el calderonismo ha presumido el vínculo del crimen con la política y, fuera de casos menores, su fracaso en demostrarlo ha sido la constante.
Grave el fracaso, peor ha sido la impresión del uso electoral de la procuración de la justicia. Michoacán, la tierra del mandatario y su hermana Luisa María, ha sido el laboratorio por antonomasia donde los ensayos calderonistas por demostrar la infiltración del crimen en la política han fracasado. El michoacanazo en víspera de la elección intermedia terminó por dejar a nadie en la cárcel y la presunción de los hermanos Calderón de que el crimen les ganó la gubernatura ha sido desmentida por el Tribunal Electoral.
Hoy, de nuevo, el gobierno calderonista presume ligas de los últimos tres ex gobernadores de Tamaulipas con el narcotráfico. Meter la mano por esos políticos es imposible, pero un nuevo fracaso del calderonismo llevaría a una conclusión: el gobierno así como politiza la justicia, criminaliza la política, y da a la Procuraduría General de la República un uso electoral.
¿Es ajena a ello o participa en ello la procuradora Marisela Morales?
La auditoría del gasto público recién divulgada es un balde de agua fría sobre la idea de abatir la corrupción que ahoga al país.
El lugar común de señalar la derrota del priismo en el 2000 como un hasta aquí a 70 años de corrupción, cae por tierra. A esos años ahora hay que sumar 10 más, pero de corrupción panista. Conclusión: la corrupción no se abate pero, ahora, se práctica democráticamente por turno.
Si el reporte del auditor Juan Manuel Portal no tiene ribetes electorales, está obligado a no dejar caer el asunto bajo el señalamiento de que él ya hizo su parte y, ahora, corresponde a la Cámara de Diputados fijar o no responsabilidades. Asumir el ejercicio de la corrupción como origen y destino del país es inaceptable.
¿Actuará a plenitud y con consecuencia el auditor para evitar que su reporte quede como simple As en la disputa electoral?
Falta por ver la actuación del príncipe de chocolate de Elba Esther Gordillo, el ambientalista Gabriel Quadri; de los otros poderes fácticos; y del poder criminal que, sin duda, buscarán ganarle la partida electoral a la ciudadanía. Esto es, decidir por adelantado en manos de quién debe quedar el Poder Ejecutivo y Legislativo, aunque después se corra como trámite la jornada electoral presentándola como una fecha mágica.
Como quiera, seguir por la ruta de la degradación de la política y la humillación de la ciudadanía nada bueno dejará al país que, esta vez, probablemente se esté jugando algo más que un sexenio.
sobreaviso@latinmail.com
17 febrero 2012
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